2a. Parte: Continuación:
8 EDUCACION
Ministro Ávila entregó un balance por cierre de año y
anuncia plan de reactivación educativa para 2023
En
el primer año de retorno a la presencialidad en las salas de clases tras la
pandemia, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, entregó un balance del
trabajo realizado por el Ministerio de Educación durante 2022, en el que se
aborda los desafíos estructurales del sistema educativo y las diversas acciones
que se han impulsado para avanzar hacia una mejor educación para Chile, basada
en la colaboración, apoyo y vínculo con las comunidades educativas.
Desde el inicio del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, el 11 de marzo pasado, las autoridades del Mineduc comenzaron a trabajar en el diseño e implementación del Plan de Reactivación Educativa, el que aborda los temas de inasistencia, desvinculación, brechas de aprendizaje y problemas de convivencia.
Balance
2022
En el primer semestre, tras dos meses liderando el Mineduc, el ministro Ávila presentó el plan, que entre sus principales acciones contiene orientaciones para el fortalecimiento de la lectura inicial y actividades en ferias y talleres de fomento lector en las 56 provincias del país; un programa de tutorías, el que permitió entregar un reforzamiento personalizado a alrededor de 5 mil estudiantes; y la entrega de orientaciones para apoyar la implementación del uso de textos escolares con foco en Lectura y Matemática.
Programa
Territorial de Convivencia
Asimismo, y para enfrentar los problemas de violencia escolar, se implementó el Programa Territorial de Convivencia en 60 comunas con situaciones críticas en esta materia; se amplió el Programa Habilidades para la Vida (HPV), aumentando su presencia en 466 nuevas escuelas, alcanzando un total de 4.232 establecimientos educacionales del país; y se abrieron cupos para que más de 13 mil docentes participaran en talleres de convivencia y bienestar en aula.
Trayectorias
Educativas
A partir de junio, y para fomentar la asistencia, disminuir la desvinculación y recuperar a las y los estudiantes que salieron de las aulas, por primera vez Mineduc elaboró alrededor de 50 mil reportes periódicos de seguimiento a estudiantes con trayectorias educativas interrumpidas o irregulares, los que fueron enviados a más de 11 mil establecimientos públicos y particulares subvencionados del país, sostenedores y equipos territoriales del Mineduc, con información y orientaciones. Según la Encuesta de Monitoreo de Establecimientos Educacionales en Pandemia, un importante porcentaje de sostenedores usó estos reportes para apoyar el retorno de los estudiantes que estaban fuera del sistema educativo.
Fondos
Infraestructura
En cuanto al pilar de infraestructura, el ministro Ávila informó que fueron asignados más de $56 mil millones a 489 establecimientos, para financiar proyectos de infraestructura que permitan solucionar situaciones que ponían en riesgo el servicio educativo, lo que irá en directo beneficio de más de 161 mil estudiantes.
Ley
Miscelánea
Para
abordar algunos problemas urgentes del sistema educativo, las autoridades del
Mineduc presentaron el proyecto de Ley Miscelánea, que fue recientemente
aprobado y despachado por el Congreso, y que, entre otros aspectos, amplía en
un año el plazo de traspaso de establecimientos a los seis nuevos SLEP creados
en 2022; regulariza los pagos del bono de incentivo al retiro pendientes desde
2018; facilita el pago de deudas previsionales retenidas a docentes; reconoce
formalmente el receso invernal de dos semanas; y amplía el plazo de
acreditación de los CFT Estatales.
En
un año de adaptación a las políticas educativas, para apoyar y poner en el
centro a las comunidades educativas, el Mineduc promovió que este año el SIMCE
no tuviera consecuencias para los establecimientos, por lo que no serán
categorizados según su desempeño en esta evaluación, y que se redujera de 11 a
4 las pruebas censales implementadas en 2022, con el objetivo de descomprimir a
las comunidades educativas. En la misma línea, se aprobó la voluntariedad en la
evaluación de más de 42 mil profesoras y profesores, de manera de permitir un
desarrollo profesional acorde al actual contexto educativo.
La
reactivación educativa para 2023
A
partir del próximo año, el Mineduc seguirá trabajando y aunando los esfuerzos
en la reactivación del sistema educativo. Para esto, el Presupuesto 2023
destina cerca de $250 mil millones para el Plan de Reactivación Educativa, lo
que permitirá ampliar y reforzar las acciones implementadas este año, con tres
ámbitos de acción centrales: que los estudiantes asistan a clases (asistencia y
permanencia); que aprendan lo que requieren aprender (reactivación de
aprendizajes); y que cuenten con ambientes de buena convivencia y salud mental.
La
principal tarea para 2023 será reducir la brecha de aprendizajes y recuperar a
las y los estudiantes que han salido del sistema escolar. Para esto, el Mineduc
impulsará una alianza en el que la ciudadanía, la sociedad civil y el Estado
sean actores claves en la reactivación de la educación, basada en la confianza
a los docentes y equipos directivos, quienes recibirán orientaciones desde el
nivel central, y en un compromiso con las familias de niños, niñas y
adolescentes, para juntos seguir robusteciendo la educación chilena.
“Sabemos
que el desafío de la reactivación educativa no es una tarea sencilla, pero como
profesor y ministro de Educación, y junto a quienes hemos estado trabajando
durante años en las aulas y en la coordinación y gestión educativa, sabemos que
gracias a la creación colectiva de estas iniciativas podemos recuperar a las y
los estudiantes desvinculados, lograr que asistan permanentemente a clases y
desarrollar actividades de aprendizaje innovadoras, que permitan a las y los
estudiantes seguir aprendiendo en nuestras escuelas, en un desafío país en el
que contamos con el apoyo de las familias, los docentes, la sociedad civil y el
Estado”, concluyó el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.
Educación en crisis: por qué 2023 será clave para la gestión de una
cartera convulsa
A
partir de este 1 de enero la máxima autoridad educativa del país tiene como
desafío, según los expertos, mayor acción y proactividad, algo que con su
círculo él también analiza y por lo que ya decidió reforzar sus equipos.
Partidarios, detractores y en el propio ministerio coinciden en que la
reactivación educativa debe ser su eje central.
Son
296 los días que lleva Marco Antonio Ávila como ministro de Educación. Nueve meses
y medio han transcurrido con el profesor de Castellano como máxima autoridad de
la cartera, en un 2022 marcado por la vuelta a la presencialidad y la búsqueda
de una cierta normalidad.
Normalidad,
por cierto, que no estuvo exenta de problemas y que conforme transcurrían las
semanas del año que se fue, las huellas y retrocesos provocados por la pandemia
se fueron haciendo palpables, desatando una crisis educativa que para muchos
expertos no comenzó con la llegada del Covid, sino que solo se agudizó.
Durante
2022 el ministro Ávila tuvo que hacerles frente a diversas problemáticas. Los
flancos, poco a poco, pasaron de uno a dos y de dos a varios: rezagos de
aprendizajes, niños que no leen, atrofia de habilidades sociales, violencia
escolar y la reaparición de los overoles blancos, la promesa sin luces sobre la
condonación del CAE, profesores sobrepasados, el regreso de las movilizaciones
estudiantiles, la tensión en la relación con los rectores de universidades
estatales, deserción y ausentismo escolar, la fallida suspensión del Simce, el
gallito por el uso de mascarillas en colegios, las descoordinaciones con la
extensión a 25 días de las vacaciones de invierno y el traspié ante la idea de
ponerle la lápida a los Liceos Bicentenario, entre algunos otros.
“Las
principales problemáticas que enfrentamos tienen que ver con los efectos de la
pandemia en un sistema educativo que ya presentaba grandes deudas y desafíos.
La interrupción de las actividades presenciales agudizó los problemas de
inasistencia y el vínculo con las escuelas, así como los aprendizajes y la
convivencia”, es el análisis por escrito que hace a La Tercera el ministro
Ávila.
A
su juicio, junto a los equipos del Mineduc “nos hemos hecho cargo de la
reactivación educativa y de las brechas que profundizó la pandemia desde que
llegamos a la administración”. Para eso, entre otras cosas, enumera como
medidas la entrega de orientaciones a los establecimientos para que pudieran
adaptarse al retorno presencial, la flexibilización de la Jornada Escolar Completa,
la reasignación de recursos, el lanzamiento del Plan de Reactivación Educativa
Seamos Comunidad, el envío de cerca de 50 mil reportes de estudiantes con
problemas de asistencia y desvinculación, o la asignación de 489 fondos de
infraestructura de emergencia para establecimientos. “Al igual que en otras
áreas, superar los efectos de la pandemia y reactivar la educación será un
desafío de largo aliento y, por sobre todo, un desafío que tenemos que
enfrentar como país. Lo importante es que iniciamos el camino a comienzos de
2022″,
asegura el profesor de Castellano.
Sin
embargo, la lectura de Lorena Medina, exdecana de la Facultad de Educación de
la U. Católica y una de las encargadas de educación de la candidatura
presidencial de Yasna Provoste, es que “hay una clara emergencia con quienes
hoy conviven y aprenden en el sistema escolar, y un riesgo importante para las
próximas generaciones”. Y agrega: “Se suma a estos problemas centrales la poca
celeridad y la falta de un plan de implementación de acciones sistemáticas y
concretas con la que se ha actuado frente a estos problemas que no son nuevos,
pero que se han exacerbado en los últimos años, afectando más profundamente a
sectores sociales e instituciones escolares más desaventajadas”. Así, la académica
enumera las que, a su juicio, fueron las principales dificultades de 2022: la
deserción escolar y el ausentismo, el deterioro de la convivencia al interior
de los establecimientos educacionales y los niveles de violencia evidenciados y
percibidos, y en términos de aprendizajes muchos problemas, de los que destaca
los procesos de lectura y escritura inicial.
Para
Sebastián Figueroa, encargado de educación de la candidatura presidencial de
José Antonio Kast, 2022 estuvo marcado por la deserción, la violencia y “la
nula acción del gobierno para hacerse cargo de la brecha en los aprendizajes de
niños y jóvenes que dejó la pandemia”. Y suma: “Lo que hemos vivido los últimos
años ha generado un daño que no se ve a simple vista (...) para hacer frente a
una catástrofe se requiere de sentido de unidad, urgencia y pragmatismo, y esto
no se vio por parte del Mineduc”.
Alejandra
Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020, asegura que durante el año que
se va “lo más difícil fue ponderar la necesidad de reconstruir vínculos en las
comunidades educativas, aprendiendo en base a todo lo que hemos vivido estos
años, para poder fortalecer las confianzas al interior de las comunidades y así
abordar todos los desafíos del retorno a la presencialidad, no solo en términos
de aprendizajes, sino que también en convivencia y bienestar socioemocional”.
Muchas veces, añade, “la inercia hizo creer que era volver a lo mismo que
teníamos y eso claramente no sirve”.
El
primer año de gestión de este nuevo Mineduc estuvo lejos de ser fácil y los
problemas solo se acumularon, llegando a su punto más difícil al final de 2022.
Uno de sus aliados iniciales y que hoy toma distancia es el Colegio de
Profesores: “En un par de meses vamos a completar un año de gobierno y no hay
proyectos concretos, no hay proyectos de ley, no hay iniciativas, no hay
políticas que señalen cómo se va hacer efectivo ese cambio de paradigma que
está en el discurso”, dijo en su balance anual Mario Aguilar, presidente
metropolitano de la entidad gremial.
Fue
justamente en ese periodo cuando las redes de Ávila, según analizaban en su
entorno, se debilitaron y comenzaron a caer las críticas que antes se escondían
en las loas a su forma de ser. Así, el “poco poder de resolución” comenzó a
retumbar como un eco.
El
ministro, empero, parece no verlo así: “Iniciamos el camino de la reactivación
educativa en todos los niveles, pese a no recibir la cartera con un plan para
el retorno ni con recursos para ello. Eso requirió mucho trabajo y
resoluciones. Obviamente, la recuperación de los aprendizajes y la
revinculación de estudiantes no será algo inmediato, pero las comunidades
escolares saben que estamos entregando soluciones y orientaciones para guiar su
trabajo, y que hemos tomado medidas”, dice.
¿Sus
enseñanzas? Además de señalar que ha aprendido día a día de otros, añade algo
que ve como un desafío, “sobre todo para alguien que viene del sistema
educativo como es mi caso: poder transmitir mejor el funcionamiento del sistema
y sus particularidades, pues muchas veces lo que desde afuera se puede ver como
algo sencillo o rápido de solucionar, requiere mucho trabajo, confianza en las
comunidades y, sobre todo, mucho apoyo para que se puedan emprender procesos
que generalmente son acumulativos, de mediano y largo plazo”.
Al
mismo tiempo, la máxima autoridad educativa aborda la muñeca política que tuvo
-o no- al momento de enfrentar situaciones como el adelanto de vacaciones o
haber comunicado la decisión, luego revertida obligatoriamente, de desahuciar a
los Liceos Bicentenario (LB). “Más que en la muñeca política, yo creo en la
capacidad de dialogar y de llegar a acuerdos sin dejar de lado nuestra agenda”,
asegura. Esto aplica, dice, para ejemplos como lo ocurrido con los LB: “Con el
objetivo de destrabar la discusión presupuestaria accedí a un acuerdo político
para hacer una nueva convocatoria. No voy a renunciar a hacer política para
cumplir los objetivos de nuestro programa”.
El
futuro
Con
las problemáticas ya vividas, serán muchos los desafíos que Ávila tiene por
delante. Por ello, a fines de 2022 hizo una suerte de mea culpa en búsqueda de
mayor proactividad y acción. Por ello, reforzó la cartera con tres nombres:
Andrea Osorio (nueva jefa de la División de Educación General), Rodrigo Mora
(nuevo jefe de gabinete) y Joaquín Walker (secretario ejecutivo del Plan de
Reactivación Educativa Seamos Comunidad).
Ellos
serán, a partir de este año, los líderes de una gestión que se enfocará en la
reactivación educativa. Ese será su principal eje y abarcará tres ámbitos de
acción: reactivación de aprendizajes; asistencia y permanencia; convivencia y
salud mental. El plan busca que los estudiantes asistan a los establecimientos,
que aprendan y que lo hagan en ambientes de sana convivencia.
Para
ello, detalla el ministro, “contaremos con un Plan de Reactivación Educativa
con cerca de $ 250 mil millones y medidas que lo permitan”. Además, entrega
luces sobre la planificación de 2023 y asegura que, entre otras cosas, en
materia de asistencia y permanencia implementarán 100 aulas de reingreso; respecto
a recuperación de aprendizajes, seguirán con el plan de tutorías, ampliando el
convenio con facultades de educación, mientras que para mejorar la salud mental
sumarán otras 40 comunas al Programa de Convivencia Escolar.
Pero
su cartera también tendrá otros desafíos. Relevantes, por cierto. Ahí se
cuentan, entre otras cosas, darle respuesta a la promesa de campaña de condonar
el CAE o reencauzar el proceso de desmunicipalización escolar. “Seguiremos
generando respuestas a las múltiples necesidades de este gran sistema y
avanzando en los compromisos de nuestro programa de gobierno, los que buscan
avanzar hacia un sistema educativo más justo para Chile”, asevera el ministro.
Al
respecto, Aguilar, desde el Colegio de Profesores, dijo en su balance anual que
“hay un discurso que compartimos, pero en términos concretos todavía está muy
al debe y esperamos que el 2023 sí se avance en este cambio profundo”.
Lorena
Medina, en tanto, cree que 2023 no solo debe pensarse con más recursos desde un
presupuesto con una glosa específica destinada a la reactivación, sino que
“urgentemente con un plan y una estrategia de priorización real de la
reactivación de la educación y su puesta en acto, que haga que el discurso,
ampliamente compartido, comience a hacerse realidad”.
Así,
detalla que se requiere poner el foco “en educación pública y subvencionada; en
aprendizajes nucleares y niveles educativos en los que más urgentemente se
requiere intervención, como es el caso de la lectura y escritura inicial, por
ejemplo”.
Con
todo, Sebastián Figueroa expone como principales desafíos para 2023: “Tenemos
que detener el sangramiento de la baja asistencia y deserción escolar,
entregando recursos e incentivos para retener a los niños en el sistema escolar
y salir a buscar a los que desertaron”. Pero, además, señala que “es urgente
recuperar el orden y la disciplina, el respecto y la valoración de los
profesores y asistentes, fomentar el compromiso de las familias y erradicar la
cultura de la calle y el narcotráfico. Sin estos elementos higiénicos no será
posible abordar la brecha de aprendizajes que dejó la pandemia”.
Por
su parte, desde Educación 2020 Arratia asegura que para el año que comienza hay
cuatro ejes claves, los que jerarquiza: “Apoyar decididamente la instalación de
la Nueva Educación Pública; profundizar los vínculos y el cuidado por el
bienestar socioemocional como parte central en la cultura de las comunidades
educativas; generar condiciones para el fortalecimiento del liderazgo
directivo, y expandir y escalar experiencias de innovación educativa”.
9 SISMOLOGIA
Así sería un gran terremoto en Chile según la Inteligencia
Artificial
Por Baltasar Daza
Si bien la ciencia todavía no permite predecir con exactitud la
magnitud de un futuro megaterremoto, sí hay literatura científica y modelos que
permiten conjeturar un posible espacio geográfico para un eventual sismo de
importancia.
En Chile, es comúnmente aceptado que la falla de Liquiñe-Ofqui
es capaz de generar sismos de magnitud 8 o superior.
Así lo asegura la Inteligencia Artificial de ChatGPT,
advirtiendo que en el pasado, “la zona ha experimentado terremotos de gran
magnitud, incluyendo el terremoto de Valdivia de 1960, que fue uno de los
terremotos más fuertes registrados en la historia, con una magnitud de 9.5″.
Por lo tanto, es importante que la población esté preparada para enfrentar sismos de gran magnitud y que las estructuras se construyan con estándares de seguridad sismorresistentes, destaca la IA.
Así sería un gran terremoto en Chile según la Inteligencia
Artificial. Imagen: Midjourney© Proporcionado por La Tercera
¿Cómo sería un gran terremoto en Chile según la Inteligencia
Artificial?
De acuerdo al bot desarrollado por OpenAI, “el lugar de Chile
con mayor probabilidad de sufrir un gran terremoto es la zona centro-sur del
país, en particular la zona comprendida entre la Región Metropolitana y la
Región del Maule”.
“Esto debido a que el área se encuentra en la mencionada falla
de Liquiñe-Ofqui, una de las zonas de mayor actividad sísmica en Chile, y es el
resultado de la convergencia de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana”,
localiza la IA.
Además, esta zona sería particularmente vulnerable debido a su
alta densidad poblacional y a la presencia de importantes infraestructuras.
¿Qué pasaría en Santiago con un sismo de magnitud 9?
Puestos en el caso de un terremoto de magnitud 9 en Santiago de
Chile, “se esperaría una gran destrucción en la ciudad y sus alrededores”,
asegura la proyección de la IA.
“Las construcciones más antiguas y débiles podrían colapsar,
causando daños humanos y materiales significativos”.
El modelo también contempla que se podrían presentar incendios,
cortes de suministro de electricidad y agua, así como interrupciones en los
servicios públicos y de transporte.
La respuesta de emergencia incluiría la búsqueda y rescate de
personas atrapadas en los escombros, la evacuación de la población y la
atención médica para los heridos, advierte el bot de ChatGPT.
“Es importante destacar que un terremoto de esta magnitud tiene
el potencial de causar daños a larga escala y cambios significativos en la vida
de la población afectada”, dice la IA.
Consultada por las fuentes de información que utiliza, la
aplicación de OpenAI asegura que su base de datos incluye “información de
diversas fuentes, publicaciones científicas y revistas especializadas, así como
información de sitios web confiables”.
En imágenes: Santiago tras un gran terremoto según la IA
Así proyecta a Santiago la Inteligencia Artificial de
Midjourney, tras los devastadores efectos de un gran sismo.
Todas las imágenes fueron modeladas por la IA:
¿Qué dicen los expertos ante un eventual gran terremoto en
Chile?
Desde la empresa Xancura, desarrolladores de una aplicación de
alerta temprana de sismos y tsunamis, miran con desconfianza el análisis de la
IA. “La falla que menciona la IA tiene 1.200 kilómetros y decir que va a
temblar ahí es demasiado genérico, es como decir que va a temblar en Chile”,
aclara Carlos Bottner.
“La falla de Liquiñe-Ofqui acumula energía en Navidad y
Pichilemu, pero ahí siempre está liberándose, no lo veo tan preciso. Donde sí
hay proyecciones de un eventual sismo de importancia, es de la Región de
Atacama hacia el norte, es decir hasta el sur del Perú”, agrega el Ingeniero
Electrónico y fundador de Xancura.
Consultado por las advertencias que entrega la IA ante un
eventual sismo de importancia en Chile, el geofísico y sismólogo Luis Donoso es
rotundo. “Esa respuesta tiene errores duros tanto de forma como de fondo, la
sismicidad en la Zona de Falla Liquiñe-Ofqui (ZFLO), por ejemplo, no tiene
relación alguna con los sismos de subducción en la RM y menos con el sismo de
Valdivia”.
“Los sismos de la ZFLO son de rumbo, es el equivalente a nuestra
falla San Andrés en California, la sismicidad de ese tipo de fallas tiene
límites en la magnitud, máximo M7 a M7.5, un M8 se da en condiciones
excepcionales”, advierte el sismólogo y académico de la UDD.
“El gran sismo de Bulnay el año 1905 en Mongolia, es el
‘Valdivia’ de ese tipo de sismos, pero se dan condiciones geológicas
excepcionales para generar esa magnitud”.
Donoso plantea: “Mi sensación, es que los chats de IA toman
resúmenes de distintas fuentes abiertas y construyen un modelo que es
inconsistente con el conocimiento. Ello porque ningún chat de IA tiene acceso a
las publicaciones en las cuales debes pagar para acceder a ellos, esa barrera
se ve difícil que en el mediano plazo la superen porque hay derechos de autor
que los editores no los van a liberar”.
“Ahora bien, esta respuesta ‘El lugar de Chile con mayor
probabilidad de sufrir un gran terremoto es la zona central del país, en
particular la zona comprendida entre la Región Metropolitana y la Región del
Maule’, también es incorrecta, y por lejos”, dice el profesor de Geofísica
Aplicada en la UDD.
“Las zonas con mayor riesgo de tener un sismo importante están
en el norte, Atacama y en el extremo norte (desde Iquique al límite con Perú) y
un pequeño segmento entre Iquique hacia el sur”, advierte Donoso.
NOTA ANEXA: Esta información
tiene mucha relación con el estudio que realiza el CENCIENTECNO y que pronto
daremos a conocer a las autoridades primero y que se relaciona con las zonas de
evacuación del plan de Valparaíso. Esperamos que el análisis del estudio no
termine como lo sucedido al geógrafo que presento un video en el National
Geografic hace algunos años atrás.
Alerta por actividad de volcanes Láscar y
Villarrica
Actualmente dos volcanes chilenos se encuentran en alerta por su
actividad. ¿Cuáles son y qué peligrosidad tienen?
https://youtu.be/QPymjTzc7B8 10.45
10 CAMBIO CLIMATICO
Los desafíos ambientales de Chile en 2023: reformar el servicio
de evaluación de impacto ambiental, avanzar hacia la descarbonización y frenar
la deforestación
por Michelle Carrere en 12 enero 2023
Un servicio de evaluación de impacto ambiental (SEIA) más
técnico y menos politizado, con estudios que garanticen la independencia de la
información levantada, son algunos de los principales puntos que se espera
obtener de la reforma al SEIA.
Detener el tráfico de algas, avanzar en restauración de
ecosistemas, lograr financiamiento para las áreas marinas protegidas e
implementar y llevar a la práctica los acuerdos, leyes y reformas logradas en
2022 están también dentro de los principales retos.
Este 2023, Chile volverá a redactar una nueva constitución. Las
reglas sobre cómo se abordará este nuevo proceso se acordaron tras casi 100
días de negociaciones que comenzaron luego del plebiscito de septiembre 2022,
en el que se rechazó la primera propuesta. Diversos especialistas confían en
que los temas de medio ambiente seguirán estando presentes en la discusión
puesto que si algo quedó claro, aseguran, es que son clave en el debate público
del país. Sin embargo, advierten que esta vez será necesario abordarlos en
forma gradual, para conseguir el apoyo necesario.
Aunque probablemente el nuevo proceso constitucional marque la
agenda ambiental de Chile, este año se deberán implementar varias reformas y
leyes que se acordaron en 2022, para que no queden solo en el papel, sino que
se traduzcan en mejoras efectivas. La Ley Marco de Cambio Climático, el Acuerdo
de Escazú, la reforma al código de aguas, son algunas de ellas.
Además, uno de los principales retos de este año será trabajar
en una reforma a la ley sobre bases generales del medio ambiente siendo el
Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental uno de los puntos que más
expectativa suscita. También será clave seguir avanzando hacia la
descarbonización de la matriz energética y hacer frente a problemas que requieren
soluciones urgentes como son la deforestación y la extracción ilegal y tráfico
de algas.
Estos son algunos de los desafíos ambientales de Chile para el
2023.
1. Reformar el servicio de evaluación de impacto ambiental
Uno de los principales desafíos para este año será la reforma a
la ley sobre bases generales del medio ambiente que tendrá, entre otras cosas,
que incorporar aspectos de la Ley Marco de Cambio Climático, que fue promulgada
el año pasado, y del Acuerdo Escazú, que también fue ratificado en 2022. Uno de
los puntos que más genera expectativas en esta reforma son las modificaciones
que se puedan incorporar al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Uno de los puntos clave que plantean organizaciones
medioambientales como Terram y FIMA, con las que el Ministerio de Medio
Ambiente ya se ha reunido para recoger sus inquietudes, tiene que ver con la
legitimidad de los estudios de impacto ambiental que presentan las empresas. La
propuesta, explica Ezio Costa, director de FIMA, es que ya no sean las empresas
titulares de los proyectos evaluados las que presenten los estudios y
declaraciones de impacto ambiental, sino que sean consultoras independientes,
pagadas por las empresas, las que lleven a cabo esos estudios.
Para que esa propuesta funcione, precisa Flavia Liberona,
directora de Fundación Terram, tendría que haber un registro de consultoras
acreditadas a las que se les adjudique al azar la elaboración de un estudio,
porque “no puede haber relación directa entre el titular de un proyecto y la
consultora y que la empresa pueda decidir a quién contrata”, explica la
experta.
Litio en Atacama. Foto-Guy Wenborne.
Al mismo tiempo, Liberona agrega que “tiene que haber un
mecanismo de acompañamiento a las comunidades y a las organizaciones locales,
que preste apoyo a quienes quieren hacer observaciones en un proceso de
evaluación ambiental”.
En ese sentido, los especialistas también señalan que sería
necesario revisar los plazos del sistema, puesto que “los tiempos con los que
cuenta la empresa que conoce su proyecto, conoce su estudio, son mucho más
favorables que los tiempos que tienen los servicios públicos y las
organizaciones para revisar el documento en evaluación y poder hacer
comentarios atingentes”, dice la directora de Terram.
Una de las críticas al SEIA es la politización de las
decisiones, tanto de las Comisiones de Evaluación que deben calificar los
proyectos a nivel regional, como del Comité de Ministros que debe resolver los
recursos de reclamación.
Costa sostiene que “hay un acuerdo bastante amplio de que no
debiera existir la instancia del Comité de Ministros, sino que una reclamación
en contra de una aprobación o rechazo a un proyecto debería dirigirse
directamente al Tribunal Ambiental”. Además, se espera que las Comisiones de
Evaluación Ambiental sean un organismo más mixto entre autoridades políticas y
autoridades técnicas.
Para Liberona también es clave que la reforma resuelva el hecho
de que actualmente existen proyectos que, por ser anteriores al primer
reglamento del SEIA, nunca fueron evaluados ambientalmente. “Eso debe ser
subsanado, porque hoy día muchos focos de contaminación o deterioro ambiental
tienen que ver con proyectos cuyas operaciones principales nunca han sido
evaluadas ambientalmente”, dice.
Un ejemplo de esa situación es lo que ocurre en las comunas de
Puchuncaví y Quintero, en donde 115 personas fueron intoxicadas en 2022 por un
nuevo episodio de contaminación por emisiones provenientes del parque
industrial instalado en la zona.
2. Implementar leyes y acuerdos del 2022
Además de la reforma al SEIA y a la ley de medio ambiente en
general, será importante que se vayan instalando las capacidades para
implementar la Ley Marco de Cambio Climático tanto en los ministerios, como en
los gobiernos regionales y en todas las municipalidades del país, asegura
Marina Hermosilla, gerente de sustentabilidad de Fundación Chile.
Por ejemplo, deben crearse los consejos de cambio climático en
los distintos gobiernos regionales y también en las municipalidades, para comenzar
a trabajar en las estrategias que permitan avanzar hacia la carbono neutralidad
y también hacia la adaptación, así como en los presupuestos necesarios para
ejecutar dichas estrategias.
En cuanto al Acuerdo de Escazú, Liberona plantea la necesidad de
que se mejore el acceso y la transparencia a la información creando, por
ejemplo, un registro público de incumplimientos ambientales. Esa información,
si bien está disponible actualmente, “está muy dispersa e inconexa”, señala la
experta, “y para quien no está habituado a ocupar las distintas plataformas web
de los servicios públicos con competencia ambiental le es difícil encontrar los
incumplimientos ambientales de una empresa o procesos de sancionatorios”.
Verónica Vilches recibe amenazas por su defensa del agua en
Chile. Foto: Amnistía Internacional.
Uno de los temas en los que Chile puede comenzar a trabajar
ahora que se ha ratificado el Acuerdo de Escazú, es la creación de un mecanismo
del Estado para proteger a las defensoras y defensores ambientales. En opinión
de Antonia Berrios, abogada de la ONG Fima, ese rol podría ocuparlo, por
ejemplo, una defensoría del pueblo o de la naturaleza.
Una figura de este tipo se encuentra ya en varios países de
Latinoamérica, pero en Chile está ausente y “lo que ocurre normalmente es que
no hay acceso a la justicia realmente o los defensores ambientales tienen que
hacerse cargo de su defensa asumiendo los costos económicos y humanos”,
sostiene Berrios.
Este 2023 también tendrán que implementarse las reformas que se
lograron acordar durante el 2022 para mejorar la gestión del agua. Se trata de
un asunto clave en la adaptación climática de Chile que continuará siendo
fuertemente golpeado por la sequía.
En opinión de Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, lo más
urgente es establecer los reglamentos para implementar la reforma al código de
aguas. Cabe recordar que en esta reforma no solo se establece que es deber del
Estado garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento, sino que
también se incorporan condiciones para la gestión sustentable del recurso, como
la prohibición de utilizar aguas de áreas protegidas o excavar o romper
glaciares para obtener agua de ellos.
En Chile, varios ríos lucen ya sin agua. Foto: Michelle Carrere
Así mismo será importante avanzar en los planes estratégicos de
cuenca que le permitirán al país contar con información actualizada de cada una
de las 101 cuencas del país, respecto de su situación hídrica y de las
proyecciones del recurso.
Para Hermosilla también sería ideal que se pudieran instalar los
Consejos de Cuenca. Recordemos que en 2022 se creó el Comité Interministerial
para la Transición Hídrica Justa que propondrá y ejecutará una hoja de ruta de
corto, mediano y largo plazo para enfrentar la crisis hídrica. Parte del plan
es conformar los Consejos de Cuenca, donde participarán representantes de todos
los sectores relacionados con los usos del agua de una cuenca hidrográfica y
que estarán orientados a promover una gestión coordinada e integrada del agua.
3. Frenar la deforestación y restaurar los ecosistemas
La restauración de ecosistemas sigue siendo un punto débil en
los progresos ambientales de Chile. “Estamos restaurando a velocidad muy
pequeña: 1000 hectáreas por año cuando deberíamos estar restaurando a 20 000
hectáreas, precisó Ricardo Bosshard, director de WWF Chile. Se trata de un
pendiente clave que es necesario atender para cumplir con las metas de carbono
neutralidad y de adaptación al cambio climático, aseguran los expertos, puesto que
la capacidad que tengan los bosques, turberas, humedales y otros ecosistemas
para capturar CO2 de la atmósfera va a depender de qué tan sanos están.
Del mismo modo, la capacidad que tengan los chilenos para
adaptarse a las nuevas condiciones climáticas, también depende de que la
naturaleza pueda seguir otorgando sus servicios ecosistémicos, por ejemplo, el
agua.
El bosque nativo de Chile se pierde a una velocidad de unas 18
000 hectáreas al año. Foto: IPBES-Daniel Casado
En ese sentido, uno de los principales desafíos que tiene el
país, asegura Bosshard, es tener “un mapa de la restauración para saber dónde
queremos invertir y cuánto va a costar. Son respuestas que en Chile necesitamos
con urgencia porque vamos a seguir siendo altamente impactados por la crisis
climática y la sequía, por lo tanto necesitamos los bosques y las cabeceras de
cuenca para tener agua”.
Además, los expertos concuerdan en que es importante que en 2023
se vuelva a discutir un proyecto de ley que buscaba que las plantaciones forestales,
que suman tres millones de hectáreas de monocultivos de pino y eucalipto,
ingresen al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Dicho proyecto, que se
había comenzado a discutir finalmente “quedó en nada”, asegura la doctora en
ecología, Fernanda Salinas, a pesar de que la ciencia ya ha demostrado los
impactos que tiene esta actividad sobre la disponibilidad de agua, la calidad
del suelo y la propagación de incendios cada vez más frecuentes y más intensos.
El problema de los incendios es clave, asegura Antonio Lara,
académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la
Universidad Austral de Chile e investigador principal del Centro del Clima y la
Resiliencia (CR2). Aunque estadísticamente lo que más se quema en los incendios
forestales en Chile son las plantaciones de pino y eucalipto, el fuego se
propaga muchas veces hacia el bosque nativo, asegura el investigador. Al
quemarse, no solo la biodiversidad se destruye, sino que se vuelve liberar a la
atmósfera todo el CO2 que el bosque había logrado almacenar.
Tener más y mejores leyes para la industria forestal no es
suficiente para proteger los bosques. Expertos aseguran que es necesario
avanzar rápidamente hacia un ordenamiento territorial que detenga la amenaza
que hoy representa la explosiva expansión demográfica en el sur de Chile.
Parque Nacional Alerce Costero. Foto: El Desconcierto.
Numerosas fueron las denuncias durante el 2022 por deforestación
de bosque nativo con fines inmobiliarios. Y es que “a partir de la pandemia
vino mucha gente a vivir al sur”, cuenta Lara, lo que disparó la compra y venta
de terrenos. De hecho, la Superintendencia de Medio Ambiente inició en julio un
proceso en contra de un proyecto que buscaba instalarse dentro del Parque
Nacional Puyehue.
Además, “hay mucha especulación de tierra”, dice Lara. La forma
en que se está dando es la siguiente: una persona compra una hectárea en cierta
cantidad, después vende media hectárea en un costo que es hasta cinco veces más
el precio en el que lo compró. “En un solo proyecto —señala Lara— pueden hacer
200 o 300 parcelas, es una locura, y después, cuando construyen los caminos y
la gente empieza a hacer su casa, se deforesta”.
Expertos esperan que en 2023 se tomen medidas para ordenar el
territorio. “Tienen que haber restricciones, no puede ser que quien sea hace lo
que quiera”, dice Lara, quien advierte que ya hay quejas de comunidades rurales
que sostienen que las cabeceras de las cuencas se están viendo alteradas por
las urbanizaciones.
Otro importante desafío es la creación del Servicio de
Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) que se presentó en 2014 al Congreso,
pero que sigue sin ver la luz. Uno de los principales problemas que este
servicio busca resolver es la dispersión de la gestión de las áreas naturales
protegidas del país que actualmente está en manos de diversos organismos. En
ese sentido, el SBAP vendría a homogeneizar mejor las decisiones y lo que es
más importante, aseguran los expertos, con una mirada integral de ecosistemas.
Además, actualmente la conservación de las áreas protegidas está
a cargo de los mismos organismos que tienen como principal misión el fomento de
explotaciones económicas de bosques y pesquerías: las áreas terrestres dependen
de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), encargada de administrar la
política forestal chilena, y las marinas dependen del Servicio Nacional de
Pesca, dependiente del Ministerio de Economía, encargado de fiscalizar el
cumplimiento de las normas pesqueras y de acuicultura. Entonces, “no hay ningún
servicio que defienda la conservación de la biodiversidad y ese rol es
tremendamente importante”, dice Salinas.
En 2022 el proyecto avanzó notoriamente al ser aprobado por la
Comisión de Agricultura Silvicultura y Desarrollo Rural de la cámara de
diputados. Expertos confían en que este 2023 el SBAP pueda finalmente
concretarse.
4. Avanzar en la des carbonización de la matriz energética
Es necesario seguir avanzando en regulaciones que permitan aprovechar
toda la energía renovable no convencional que se está produciendo. Y es que
aunque la cantidad de energía solar y eólica producida ya superó a la de
carbón, buena parte de esa energía limpia está siendo desperdiciada puesto que
no están habilitadas las condiciones para que el sistema eléctrico pueda dejar
de depender de las energías fósiles.
En 2022 se proclamó la ley de almacenamiento y electro movilidad,
un paso clave para resolver este problema. Ahora, dice Sara Larraín, directora
de Chile Sustentable, es urgente avanzar hacia la automatización del sistema
eléctrico para que “se despache hasta la última gota de energía solar y eólica
y después de que se acaben todas las renovables se empiece a despachar energía
a gas y a carbón”.
Planta de energía solar en el norte de Chile. Foto: Enel.
Además, Larraín agrega que “es necesario dar más señales
políticas que le demuestren al mercado que Chile tomó la decisión de avanzar en
un 100 % hacia las energías renovables”. En ese sentido, la ley que se está discutiendo
en la Cámara de Diputados, que busca establecer la meta obligatoria de tener un
60 % de energías renovables no convencionales al año 2030, es una buena noticia
y se espera sea promulgada durante el 2023.
Otra señal política sería ponerle fecha de cierre a las termoeléctricas (centrales de generación de energía en base a la quema de carbón) que aún no tienen programado el fin de sus operaciones. “Estamos esperando que le pongan fecha de cierre a las dos termoeléctricas que faltan (en el parque industrial Ventanas) y que son las que más contaminan porque son las más grandes”, dice Katta Alonso, presidenta de la organización Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero – Puchuncaví, que desde años pide el saneamiento de una de las zonas más contaminadas del país.
5. Financiar las áreas marinas protegidas y detener el tráfico
de algas
Una de las grandes deudas que tiene Chile con sus áreas
naturales protegidas es la falta de financiamiento. “Solo las áreas marinas
protegidas tienen un déficit de alrededor del 90 %. Eso es lo que falta para
poder ejecutar una conservación efectiva”, asegura el politólogo, Eugenio
Rengifo.
Para solucionar ese problema, en 2022 se creó Fondo Naturaleza
Chile, una fundación público privada que busca movilizar financiamiento para la
conservación de la biodiversidad terrestre y marina, y de la cual Rengifo es
Director Ejecutivo.
El primer gran desafío de la fundación será comenzar a reunir
este 2023, los 350 millones de dólares que cuesta implementar, en 10 años, su
primer programa de áreas marinas protegidas.
Este programa fue elaborado a partir de un diagnóstico en el que
participaron los ministerios de Medio Ambiente, Economía y Agricultura, además
de organizaciones no gubernamentales como WWF, Oceana y WCS, y en el que se
identificaron las principales amenazas de las áreas marinas protegidas,
estrategias para hacerles frente, un modelo de gestión y de costos detallado de
lo que se debe hacer en el territorio.
Reserva Nacional Kawésqar. Foto: Manu San Félix -National Geographic.
Con la implementación de este programa “quedaría un sistema de
áreas marinas protegidas en red con todos sus planes de manejo, planes de
gestión, elementos físicos para la fiscalización: lanchas, monitoreo satelital,
espacios físicos en la costa, comunidades con gobernanzas bien establecidas y
con financiamiento en el tiempo”, asegura Rengifo.
Para comenzar, Fondo Naturaleza Chile ya se adjudicó un
financiamiento por tres años de la organización de conservación, Ocean Kind.
Con ese financiamiento lo que se busca es “poner en red a todos los actores que
están trabajando en los territorios, comunidades, gestores locales,
autoridades, para trabajar coordinadamente, no duplicar esfuerzos y así poder
postular juntos a fondos más grandes y establecer de esa manera un piso humano
básico que nos dé el marco para la meta de los 350 millones de dólares”,
explicó el director de la fundación.
Por otro lado, uno de los desafíos clave para poder resguardar
efectivamente las áreas marinas protegidas sigue siendo retirar de ellas las
concesiones salmoneras.
Una investigación de Mongabay Latam halló que 416 concesiones
para criar salmones se encuentran al interior de espacios marinos que tienen
alguna categoría de protección, a pesar de que la ciencia ha documentado ampliamente
los impactos que esta actividad tiene en los ecosistemas marinos.
Reserva Nacional Kawésqar. Foto: patagoniaplanet.
En mayo 2022, en una visita a la región de Magallanes, el
presidente Gabriel Boric sostuvo que las empresas salmoneras “tienen que salir
de las áreas protegidas”.
En opinión de Liberona, ya existen las condiciones para retirar
algunas de las concesiones, puesto que “280 podrían estar en causal de
caducidad”. En ese sentido, dice Liberona, “el gobierno tiene la posibilidad de
avanzar”.
Por otro lado, detener la extracción y tráfico ilegal de algas
sigue siendo uno de los desafíos más importantes para los océanos del país.
Cada año en Chile se incautan cerca de 250 toneladas de algas. Además, “el tema
ya ha avanzado a un problema de seguridad pública”, asegura Liesbeth van der
Meer, directora ejecutiva de Oceana Chile.
“Actualmente se están generando robos de alga seca o amenazas a
extractores y recolectores legales, quienes son los principales afectados”,
asegura la experta, por lo que “sumado a los efectos ecológicos que tiene la
extracción ilegal, se le ha añadido una variable social compleja de trabajar”.
Este año también se espera que sea presentada una nueva ley de
pesca que busca principalmente restablecer la confianza en la normativa que
rige el sector pesquero. Cabe recordar que la actual ley de pesca fue tramitada
en el contexto de uno de los mayores escándalos de corrupción política en la
historia del país, por lo que el objetivo es que la nueva ley “se fundamente en
estándares éticos que no pongan en duda su legitimidad”, sostuvo la
subsecretaría de pesca.
11 TURISMO
La Serena y Coquimbo https://youtu.be/MQmrcwV4mE0 12.19
La Cruz del Tercer Milenio y la Famosa Recova https://youtu.be/lhDXjjD6vyQ 20.38
Aeropuerto - La Serena Chile 2023
https://youtu.be/3x6bOCsZ_ik 13.25
Ciudad LA SERENA
https://youtu.be/vub_QawU9f4 5.10
12 CENCIENTECNO
Nuestro estilo de vida es cada vez más rutinario
Los resultados de un estudio,
en el que han participado investigadores de la Universidad Politécnica de
Madrid y de la Universidad de Alicante, confirman un claro patrón mundial hacia
un estilo de vida menos dinámico en todo el mundo desde la década de 1960.
SINC 26/10/2022
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuestro-estilo-de-vida-es-cada-vez-mas-rutinario
El Índice de dinámica de estilo
de vida podría ser un instrumento eficaz para la toma de decisiones
socioeconómicas relevantes. / © Adobe Stock
De acuerdo a las respuestas ofrecidas
por millones de personas en los países de los que se tienen datos, el estilo de
vida en el mundo desde la década de 1960 es cada vez menos dinámico. Esta es la
principal conclusión de una investigación con datos mundiales de encuestas de
uso del tiempo en el que han participado científicos de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM) y de la Universidad de Alicante (UA).
Estos expertos han desarrollado
el Índice de dinámica de estilo de vida (Lifestyle Dynamics Index® −abreviado
como LDI−), un índice novedoso que captura la dinámica del estilo de vida según
la información de actividades proporcionada por los usos diarios del tiempo.
“A partir de los resultados, la
tendencia mostrada por Reino Unido, Países Bajos, España y, especialmente,
Estados Unidos es que existe evidencia a favor de una menor dinámica en el
estilo de vida en todo el mundo. Esto significa que, desde la década de 1960,
un individuo parece estar realizando menos actividades y más rutinas repetidas
en las actividades diarias”, apuntan en un comunicado de la UPM.
Desde la década de 1960, un
individuo parece estar realizando menos actividades y más rutinas repetidas en
las actividades diarias
El Índice de dinámica de estilo
de vida podría ser un instrumento eficaz para la toma de decisiones
socioeconómicas relevantes. Dicho término se ha utilizado en relación con
estudios familiares y ambientales y se refiere a cómo evoluciona con el tiempo,
donde el estilo de vida es cómo nos referimos a la forma en que viven las
personas. Asimismo, este concepto muestra implicaciones socioeconómicas y
domésticas, así como efectos en la salud pública o el consumo de energía de los
hogares.
Del día más tranquilo, al día
más caótico
En el estudio, que publica la
revista Socio-Economic Planning Sciences, el novedoso índice LDI se ha aplicado
a los contenidos del Multinational Time Use Study (MTUS) y del American Time
Use Survey (ATUS).
El índice ordena las
actividades en una escala de 0 a 100, donde un 0 es un estilo de vida en el que
solo se hace una actividad en todo el día, y 100 donde se hacen todas. En
concreto, nos dice la posición en orden de un día medio dentro de un país:
desde el día más tranquilo, hasta el día más caótico posible.
España solo cuenta con dos
encuestas de uso del tiempo a escala nacional y oficial, y no recoge datos de
uso del tiempo desde 2008 a 2009
Raúl G. Sanchis
“España solo cuenta con dos
encuestas de uso del tiempo a escala nacional y oficial, y no recoge datos de
uso del tiempo desde 2008 a 2009”, señala Raúl G. Sanchis, el investigador de
la UPM que ha participado en el trabajo. “A medida que se publiquen más datos
de encuestas sobre el uso del tiempo en todo el mundo, el uso potencial del
Índice de dinámica de estilo de vida para fines de política socioeconómica y
bienestar podrá explotarse mejor”, concluye.
El trabajo analiza el caso EE
UU debido a que es el único país del mundo que toma datos estadísticos
anualmente de manera oficial mediante el ATUS. En el siglo XXI, el país
americano muestra también una caída general del índice en la década del 2003 al
2012, con una caída anual a partir de 2008.
Referencia:
Raúl G. Sanchis y José
Vicente-Pérez. “Lifestyle dynamics Index: Worldwide results and the case of the
United States of America”. Socio-Economic Planning Sciences.
Fuente: UPM
Sera hasta la próxima quincena – 1 marzo 2023
Una ciudad limpia, es tarea de todos.
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